POLÍTICA ENERGÉTICA
El Gobierno delegó en Economía la facultad de modificar el recargo que financia los subsidios al gas
Mediante un decreto, el Ministerio de Economía podrá aumentar o reducir hasta un 50% el cargo que pagan los usuarios para sostener el régimen de tarifas diferenciales.
Noticias Argentinas difundió que el presidente Javier Milei facultó al Ministerio de Economía a aumentar o disminuir hasta en un 50% el recargo destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, mediante el Decreto 266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
A partir de esta modificación, la cartera económica tendrá la potestad de definir el nivel del recargo que abonan todos los usuarios de gas del país para financiar los subsidios residenciales, una atribución que hasta ahora correspondía formalmente al Poder Ejecutivo.
La normativa alcanza al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, que actualmente se financia con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Con el nuevo esquema, el Ministerio de Economía podrá ajustar de manera directa ese porcentaje en función de las necesidades de financiamiento del sistema y los objetivos fiscales. En caso de aplicarse el aumento máximo permitido, el recargo podría pasar del 7,5% al 11,25%.
El cargo se aplica sobre la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes en todo el territorio nacional, independientemente del tipo de usuario. El cálculo se realiza sobre cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías.
El régimen de subsidios financiado por este fondo tiene vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2031 y los recursos continúan siendo declarados e ingresados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Fondo Fiduciario sostiene las tarifas diferenciales en distintas regiones del país, con foco en el régimen de Zona Fría, que contempla descuentos en las facturas de gas para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y otras áreas incorporadas por la ampliación de la Ley 27.637.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo señaló que la medida responde a “razones operativas” y a la necesidad de una administración más eficiente que permita cumplir con los objetivos de política energética y fiscal.
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